Manifiesto por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad

Luchamos por la vivienda, pero las viviendas no son islas. Luchamos por una vivienda que es parte de algo más. Que es parte de un barrio, parte de la ciudad.

Cuando nos preguntan de dónde somos, siempre decimos nuestra ciudad, nuestra comuna y nuestro barrio. Son nuestras referencias. Por eso cuando nos piden nuestra dirección, damos el nombre de la calle y el número, pero también la comuna y la ciudad. No habitamos solo una vivienda. Habitamos un barrio, una comuna, una ciudad. No vivimos juntas y juntos como familias solo en nuestra vivienda, puertas adentro. Vivimos como familia puertas afuera, en nuestro barrio, en nuestra comuna y nuestra ciudad. Vamos a este almacén, aunque también podemos ir al bazar. Somos vecinas y vecinos y nos conocemos, o al menos, nos ubicamos. Vamos a este supermercado o a esta feria, o al persa, y nos atendemos en este o este otro consultorio, donde nos atendían cuando chicas y chicos, y al que ahora también llevamos a nuestras hijas e hijos. Si estamos más graves, sabemos que hay un hospital al que debemos ir, e incluso, que hay otro que hay que evitar. Vamos a esta iglesia, o a jugar Baby a esa cancha. Llevamos a nuestras hijas e hijos a esta o a esta otra plaza, y también nos tomamos unas cervezas ahí con nuestras amigas y amigos. Nuestras hijas e hijos van al colegio municipal más cercano, o a los particulares subvencionados más lejanos. Sabemos dónde hay una notaría, y dónde están y no están los carabineros y la PDI. Sabemos por dónde no hay que pasar, y por dónde es peligroso en la noche. Dónde está la farmacia, la caja vecina y dónde el BancoEstado más cercano. También, cuál es la ruta más corta al metro… Sabemos llegar a los estadios, a la municipalidad, a las oficinas del teléfono, de la luz y del agua. Sabemos dónde hay que ir, cuando hay que protestar o hay que celebrar algo que nos involucra a todas y todos en la ciudad. Sabemos dónde hay que pelear en nuestros barrios, porque son nuestros.

Todo eso, porque vivimos, habitamos nuestros barrios, nuestra comuna y nuestra ciudad, no solo nuestra vivienda. También habitamos un país, un continente y un planeta, pero eso lo veremos más adelante.

El 88% de la población en Chile vive en zonas urbanas. Esto es casi 9 de cada 10 personas. Pero, son ciudades altamente segregadas y desiguales. Cada una se ha construido a lo largo de muchas décadas. Algunas, de centurias. Son viejas, y como las arrugas de una persona adulta, las ciudades muestran las huellas de su historia, que es la historia de la lucha de clases en la ciudad.

Hoy día nuestras ciudades reflejan las consecuencias del golpe militar, y la imposición del neoliberalismo en el país.

 

Hay barrios obreros, grandes poblaciones fruto de la lucha por la vivienda de nuestras madres y padres, de nuestras abuelas y abuelos. Hoy por ejemplo construimos nuestro primer conjunto habitacional como Ukamau, que alojará a nuestras hijas e hijos, e incluso a nuestras nietas y nietos. La bandera de Ukamau, que simboliza nuestra lucha, se queda plantada en un sector de Santiago por los próximos ¿70, 80, 100 años? Sin embargo, y hay que decirlo, solo en momentos, y en general a partir de nuestra propia fuerza, hemos sido considerados como algo más que una molestia para los planificadores urbanos y los especuladores inmobiliarios. Para el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo y para los sucesivos gobiernos. Habitualmente tendemos a ser objeto de expropiación y desalojo. A ser objeto de las políticas públicas que definen otros, y esto es válido no solo para los que tenemos menos. También a quienes tienen un poquito más le ensanchan la avenida y le expropian la casa, pagándosela a precio de huevo. O le colocan tres edificios gigantes, o le autorizan una empresa contaminante al lado. Y claro, todas y todos somos afectados cuando la autoridad de turno se carga un parque, o cuando “el mercado” logra demoler lugares patrimoniales, que lo son porque se han vuelto significativos para nuestra vida. Es habitual incluso que muchos ardan por combustión espontanea, para la buena suerte de algún especulador inmobiliario que quiere poner o un supermercado o un edificio de departamentos de muchos muchos pisos.

Hoy día nuestras ciudades reflejan las consecuencias del golpe militar, y la imposición del neoliberalismo en el país. La victoria de la minoría económicamente más poderosa, que ha hecho a la ciudad funcional a sus propios intereses.

En Santiago, tres comunas poderosas, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, concentran el ingreso, y también las áreas verdes. Las menores variaciones de temperatura incluso. Concentran todos los servicios y equipamientos, donde se reproduce endogámicamente la oligarquía chilena. Tres comunas desde las que se llega directo al aeropuerto, conectadas adecuadamente a un sistema de autopistas que le permite a sus habitantes llegar rápido a las periferias donde se encuentran algunas de sus empresas, a enclaves suburbanos donde durante los últimos 20 años han ido migrando con sus familias, y salir y entrar rápido de la ciudad sin tener que toparse con el resto de los habitantes. Sí, también hay un sistema de transporte público caro y deficiente, que permite que lleguemos a trabajar a ellas, y una extensa red de metro, diseñada por un visionario urbanista hace más de 60 años, para una ciudad distinta, una ciudad integrada.

En el Gran Santiago son 34 comunas. De las 31 comunas que quedan, las más cercanas a las anteriores concentran sectores medios acomodados (Providencia, La Reina), que comienzan a experimentar las penurias económicas provocadas por un sistema previsional, el de las AFPs, que te empobrece justo cuando envejeces, y que te excluye de todos los servicios e infraestructura disponible, salvo las redes asistenciales del Estado. El resto agrupa básicamente a sectores medios, sectores medios empobrecidos y sectores populares. Donde vive precisamente la mayor parte de la población, y donde se concentra ese 70% que gana menos de $550 mil pesos al mes. Y se nota.

A medida que el ingreso promedio comienza a bajar, desaparecen los árboles, el pasto, las empresas, las tiendas, los bancos, las clínicas, los centros médicos, los colegios, los cines, los teatros, las plazas. Peor, en vez de pasto, las plazas comienzan a tener gravilla. Las veredas se achican hasta desaparecer, las calles dejan progresivamente de encontrarse en buen estado, salvo las autopistas que cruzan nuestros espacios, pero el cemento lo comienza a devorar todo. Se comienzan a multiplicar los microbasurales, evidenciando más que malas costumbres, la sobrepoblación, la carencia de espacios y una gestión deficiente para administrar el desecho de los desperdicios. Comienzan a escasear las luminarias, y los espacios públicos están deteriorados. También, nos vamos volviendo más morenos, más diversos. Rasgos blancos e indígenas, y ahora también afrodescendientes. Y a los acentos más cercanos de nuestras hermanas y hermanos peruanos y colombianos, ahora le añadimos el idioma de las y los haitianos. También, y cada vez más y más al lado nuestro de las autopistas, personas viviendo en la calle, y dentro de nuestras poblaciones, las y los angustiados, que fueron nuestros vecinos, compañeros de la escuela, colegas, amigos e incluso familiares.

Segregación, que profundiza la desigualdad económica y política, consagrando ciudadanías de primera, segunda y tercera categoría. Ciudades que empobrecen la democracia, el ejercicio ciudadano de derechos básicos.

Actualmente, el déficit habitacional afecta directamente al menos a 400.000 familias pero desde la dictadura de Pinochet la política habitacional neoliberal ha preferido la cantidad a la calidad en la construcción de viviendas para el pueblo, resultando una gran cantidad de familias afectadas por la mala calidad de sus viviendas y nulo diseño del espacio urbano inmediato. Esto ha llevado al absurdo de tener que destinar parte importante del presupuesto nacional para vivienda en la reparación de las casas construidas en los años anteriores.

La política habitacional neoliberal fracasó. No eliminó el déficit habitacional, construyó viviendas de mala calidad, barrios sin equipamiento urbano ni social, ciudades segregadas y desiguales. Los únicos beneficiados han sido los empresarios que han lucrado con la venta de viviendas.

 

Urge un cambio profundo. Las familias pobres, los grupos medios endeudados, los migrantes, es decir, esa mayoría de ciudadanos de segunda y tercera categoría requieren de nueva política habitacional, de una nueva ciudad.

 

Propuestas para el cambio

 

Se debe democratizar la ciudad, para que la ciudad se transforme en un instrumento de democratización de la sociedad, pero sin cambios en el sistema político, no habrá cambios en la política habitacional. Se seguirán construyendo viviendas, pero no barrios ni menos, ciudad, dejándola a merced de los especuladores inmobiliarios.

Es por esto que la sola lucha por la vivienda no basta. Debemos luchar por el derecho a la vivienda, al barrio, a la ciudad. Es decir, debemos democratizar la planificación urbana, y usarla como un instrumento de transformación de nuestras comunas.

El derecho a la ciudad significa hacer realidad la dignidad del pueblo a través de viviendas y barrios de calidad, como en el conjunto habitacional Maestranza 1.

Para que este barrio se transforme en una norma o estándar nacional, el movimiento de pobladores y sus instrumentos políticos no deben solo influir en políticas habitacionales puntuales, sino deben asumir un rol protagónico en el diseño y gestión de la política urbana, y esto solo se puede hacer desde el gobierno Esto requiere de organización y lucha popular por la vivienda, por el barrio, la ciudad, e institucionalizar en el Estado dicho interés social.

 

Para comenzar a Democratizar la Ciudad

 

A. Definiciones y obligaciones claras para los desarrolladores inmobiliarios.

 

  • Mayores aportes por parte de éstos para servicios y movilidad. Aportar a la construcción de ciudad integralmente.
  • Esto a través de fondos regionales que puedan destinar recursos para la democratización de la ciudad, lo que implica la distribución equitativa de sus recursos. Se podría generar también un impuesto a las empresas inmobiliarias del sector urbano, de un 30% de las ganancias obtenida por cada metro cuadrado que se ponga a la venta.

  • Los fondos generados pueden potenciar el financiamiento de la producción de vivienda de interés público, adquisición por parte del Estado de suelos y especialmente, retornar a las arcas públicas lo necesario para el financiamiento de la construcción de infraestructura de ciudad. Esto sería similar a cómo la Ley 20.958 del Sistema de Aportes al Espacio Público, que establece una forma alternativa para dar cumplimiento a la obligación de ceder terreno para vialidad y áreas verdes que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC). Se entregaría en dinero, en base a una tabla que considere la ocupación del proyecto.

 

 

 

B. Ampliar facultades del MINVU para incluir herramientas efectivas, tales como permitir expropiaciones fundadas en el desarrollo de proyectos de vivienda; formación de bancos de suelo o posibilitar a los Serviu, municipio y gobiernos regionales constituir sociedades para gestionar proyectos urbanos habitacionales. Estas sociedades deben incluir a los habitantes que viven en los entornos a urbanizar y a los futuros habitantes de los nuevos barrios. Creemos relevante explorar la posibilidad del cooperativismo, sin que implique traspasar a las comunidades la responsabilidad de construir sin los recursos y competencias necesarias. Respecto a esto, creemos que sigue siendo indispensable una empresa constructora estatal o de propiedad pública social, para la construcción de viviendas sociales de alto estándar.

 

C. Venta de un porcentaje de este 20% – 30% de vivienda de hasta 1000 UF al Estado, para su administración y arrendamiento social. Garantizar el acceso a estas viviendas con base en categorías de ingreso o estratificación mediante el sistema del Registro Social de Hogares, por ejemplo.

 

D. Pensar y abrirse a formas diversas de construcción de ciudad, ya sea en propiedad colectiva, arrendamiento u otras. Que apunte a la diversidad existente en las diferentes regiones de nuestro país.

 

E. Definir el concepto de integración social, para clarificar en qué se piensa desde las instituciones estatales, ya sea como sistema de cuotas, políticas de dispersión de la pobreza, políticas de dotación de equipamientos y servicios en áreas segregadas, etc.

 

F. De ninguna manera se debería abordar la integración social con postulaciones de manera individual, ya que esto solo beneficia la ganancia inmobiliaria. Se debe generar comunidad, previo al momento de habitar.

  • Pensar que la integración no es solo mover personas de un lugar a otro. Es más bien el acceso y satisfacción de las necesidades humanas en todo tiempo y lugar, que implica la redistribución de recursos, oportunidades y servicios a nivel territorial.

  • Tratándose de viviendas con subsidio equivalente al actual Fondo Solidario de Elección de Vivienda, debiera exigirse que la venta o arriendo sea solo a beneficiarios de esos subsidios, de lo contrario serán vendidas a particulares que cambiaran su carácter, en un fin especulativo que arruinara el esfuerzo publico invertido en generar este tipo de viviendas.

Las situaciones de segregación en la ciudad, no se solucionan solo con porcentajes que obliguen a la gente vivir en un mismo espacio. Este debe abordarse desde la relación humana, el vínculo con servicios de buena calidad, con fuentes laborales cercanas y con posibilidades de movilidad adecuadas a los tiempos actuales. Los buenos y adecuados diagnósticos nos ayudarán a guiar el camino, pero por sobre todo a entender que la ciudad es de todas y todos, y de esa misma forma acceder de manera equilibrada, equitativa y eficiente a ella. Se debe democratizar los servicios e infraestructura, llevarlos a los lugares donde las políticas fallidas de gobiernos anteriores no supieron dar dignidad a los habitantes de la ciudad y a todos como sociedad. Si en serio se quiere construir un país menos segregado, se debe consagrar el Derecho a la Vivienda en la Constitución Chilena, tal como ocurre en Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Perú, por nombrar algunos.

 

Este derecho solo será posible consagrarlo a través de una Reforma Urbana en la cual nosotros, desde Ukamau, debemos ser protagonistas.

 

Aquellos que somos herederas y herederos de la historia reciente de nuestro país, que ha marcado la vida de nuestros barrios.

Hemos decidido tomar esta reivindicación en nuestras propias manos y en conjunto con otras y otros, trabajar en equipo poniendo por encima de nuestras diferencias esta tarea que es recuperar nuestros derechos a habitar, a conquistar y construir una sociedad más justa a través de la recuperación de las ciudades para nosotras y nosotros, sus habitantes.

Esto no es una utopía, sabemos que es posible la producción social del hábitat, porque nosotras y nosotros ya hemos comenzado a hacerlo.

En el contexto de esta 5ta Marcha Por El Derecho A La Vivienda y La Ciudad manifestamos nuestra profunda preocupación por las formas mercantiles e individualistas a través de las cuáles se construyen nuestras ciudades, donde incluso las políticas públicas se ponen al servicio de estas. De hecho, hoy el MINVU es una institución capturada por las inmobiliarias y constructoras.

El MINVU debe ser recuperado para la ciudadanía, y debe retomar su rol rector en la planificación urbana. Nuestra organización ha sido y seguirá siendo un aporte a la discusión pero también a la búsqueda de soluciones dignas, conquistando barrios de calidad con viviendas sociales de altos estándares, que aporten al desarrollo de la ciudad, esa ciudad a escala humana donde queremos vivir los años que vienen.

 

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA

POR EL DERECHO A HABITAR UN ENTORNO DIGNO

POR LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA CIUDAD

 

Movimiento Pobladores Ukamau