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«La vivienda está a la base de los grandes problemas sociales que tenemos. Los precios están desbocados porque hay demasiada especulación» Artículo de opinión en El Soberano

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Artículo de opinión publicado en elsoberano.org Marzo 2021

La dirigenta y candidata a convencional por el distrito 8 sostiene que el “Estado Neoliberal de Chile” muestra su peor cara en materia de vivienda y ciudad. Especulación inmobiliaria y precariedad exacerbada por la pandemia han instalado una verdadera bomba de tiempo que, por lo visto, parece cerca de explotar. 

Esta es una crisis tan grande, una crisis que lleva incubándose y arrastrándose tanto tiempo, escondiéndose tantos años debajo de la alfombra, que ahora que la vemos detonando producto de la pandemia podría perfectamente provocar un segundo estallido social”. Así de categórica es Doris González, dirigenta social de Ukamau y candidata a convencional por el distrito 8, ante la consulta referida a la profundidad de la crisis habitacional y territorial en Chile, una que se torna más patente conforme se suman las tomas y desalojos de quienes no encuentran un techo para vivir.

Doris González afirma que en materia de vivienda y territorio el “Estado Neoliberal de Chile” muestra su peor cara. “No sólo es un Estado que toma palco para favorecer el negocio, sino que su sistema de postulación abona la cultura de la competencia. Entonces vemos que familias pobres compiten con otras familias pobres, un comité pelea con otro comité, y entonces surgen y se instalan mentiras como que a los migrantes les entregan casas en detrimento de los chilenos, cosa que es mentira, ya que las familias extranjeras que reciben subsidios son menos del 10%”, agrega. 

“Pero el problema afecta no sólo a los sin techo, sino que también a muchos con techo que ven cómo se les dificulta pagar el arriendo, o que bien ven cómo sus entornos se ven degradados porque no fueron pensados para el bienestar de las familias. A ello sumemos el hacinamiento. Los precios están desbocados porque hay demasiada especulación, una burbuja enorme, y eso es porque el Estado no interviene regulando el valor del metro cuadrado ni siendo más activo en la construcción de buenas soluciones habitacionales”, señala enseguida la dirigenta: “En Chile se estima que faltan a lo menos 500 mil viviendas. Muchas organizaciones veníamos diciendo que esta política pública no daba abasto, que era insuficiente, porque no es solución de nada enfrentar un problema desde la perspectiva cuantitativa y numérica, dejando de lado lo cualitativo”.

Doris González sostiene que el enfoque del Estado chileno, siempre neoliberal y subsidiario, debe variar en 180 grados. “El Estado, a través del Serviu, sólo se limita a entregar subsidios, un voucher, y nada másY tener un subsidio tampoco significa que vaya a tener una vivienda, sino que sólo es un paso más dentro de un proceso tortuoso que puede durar en promedio 15 años. Sin duda el Estado debe jugar otro rol y me parece que este tema será clave en la Convención Constituyente. Esto no significa que tengamos que convertir en propietario a todo el mundo, sino que en un trabajo más integral que involucre a los ministerios de Vivienda, de Obras Públicas, de Desarrollo Social, en fin. Cómo puede ser que en un año se hayan entregado apenas 7 mil subsidios en circunstancias que los solicitantes fueron 213 mil”, agregó.  

Según la dirigenta de Ukamau, “el Estado no puede tomar palco y ver cómo la gente se las arregla con los bancos y las inmobiliarias, ni quedarse mirando cómo suben y suben los precios, el metro cuadrado y los arriendos, cómo las inmobiliarias se benefician de la extensión del Metro, ni hacer absolutamente nada cuando las empresas construyen edificios hiperdensos, mal llamados guetos verticales”. Y agrega: “Un Estado debe ser activo en esta materia porque no hablamos de cualquier cosa. La vivienda está a la base de los grandes problemas sociales que tenemos, y se enfrenta incluyendo a las comunidades, que deben jugar un rol en la creación de barrios de calidad tal y como lo hicimos nosotros y nosotras en Estación Central”.

“Ahora mismo, la segunda etapa de nuestro proyecto, que ha de beneficiar a 198 familias, sigue inconcluso”, concluye.

Enlace https://elsoberano.org/derechos-sociales/doris-gonzalez-de-ukamau-crisis-habitacional-de-chile-amenaza-con-ocasionar-un-nuevo-estallido-social/

Lanzamiento Libro «Ukamau: 10 años de lucha. Construyendo alternativa popular»

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Como parte de las celebraciones y conmemoraciones de los 10 años de Ukamau se me ha encargado realizar una selección de textos fundamentales del movimiento. He optado por elegir aquellos que sintetizan la política actual de Ukamau, que apunta a Democratizar la Ciudad entendida ésta como un todo en donde se desarrolla la vida y no un simple conjunto de viviendas, calles y mobiliarios. En este sentido, este libro es un compilado de escritos que expresan la mirada que hemos tenido como movimiento en los años recientes, principalmente en torno a la crisis actual.

Quien se interese en nuestra lucha podrá encontrar aquí una selección de nuestras posiciones, visiones, propuestas y declaraciones. Los temas se centran en nuestra lectura de la sociedad neoliberal, su política, su economía, y nuestras propuestas e iniciativas de transformación en el ámbito habitacional, urbano, económico, medioambiental y político.

Lanzamiento del libro, un relato de estos años construyendo Alternativa Popular. Jueves 11 de Marzo a las 18:30.

Estaré comentando junto a Genaro Cuadro y Alex Paulsen

Modera: Álvaro Ramis, rector de la universidad de Academia Humanismo Cristiano.

 

El proceso constituyente desde el territorio: Desafíos y propuestas desde el pensamiento popular para refundar la patria.

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El proceso constituyente desde el territorio: Desafíos y propuestas desde el pensamiento popular para refundar la patria.

Si existe algo en lo cual todos estamos de acuerdo es que Chile no está bien, y por eso, debemos modificar las formas en que se construye nuestra sociedad. La institución que regula nuestras relaciones y formas es la Constitución, por lo tanto, debe ser reescrita para refundar la patria. No basta con algunos cambios (que sin duda son necesarios, como subida de sueldos, mejora de condiciones del trabajo, impuesto específico a los superricos y limitaciones de sueldos millonarios), lo que se debe modificar es la concepción de sociedad que permite que unos pocos se enriquezcan groseramente a costa del trabajo de muchos y de la explotación irracional de los bienes comunes.

Es la hiperconcentración de la riqueza lo que se ha vuelto una situación impresentable y que ha hecho que Chile se transforme en uno de los países más desiguales del planeta. El capitalismo en su forma neoliberal fue ensayado, construido y profundizado en nuestro país de manera ofensiva. Además, ha permitido a las grandes empresas arrasar con nuestros bienes comunes, recursos naturales, mar, ríos y bosques, por mencionar algunos.

Pero esta profunda crisis que estamos viviendo en Chile se arrastra hace ya muchos años. Se manifestó inicialmente como una crisis de representatividad por la poca participación en los procesos electorales. Poca participación que, de paso, sólo fortalece el sistema neoliberal y a quienes se han mantenido en el poder durante más de 40 años, imponiendo leyes que sólo benefician a los dueños del poder y la riqueza. Bajo una democracia restringida, que niega derechos a las mayorías en busca de beneficio y ganancia para unos pocos.

Es un Chile agotado y hastiado de las promesas que le hicieron sobre una alegría que llegaría para el disfrute de todas y todos, esa alegría que el pueblo esperaba, esa alegría que el pueblo sigue esperando y los distintos gobiernos siguen postergando. Fueron 30 años de promesas incumplidas; los trabajadores y el pueblo hemos decidido que no esperaremos más.

Llega un momento y un escenario que se rebela en octubre del 2019 con indignación y mucha, mucha rabia. Además, esta protesta tiene un contenido que se había mantenido bastante ausente y en algunos casos marginado de las movilizaciones de la década recién pasada y que tuvieron su momento más álgido en 2011. Son los sectores populares, aquellas y aquellos invisibles que se hicieron visibles en el estallido social, con mucha radicalidad, movilizando el territorio y trasladándose a los centros de las ciudades, un escenario no propio. Los populares volvimos a la política contingente en la Plaza Dignidad y no volveremos a apartarnos de este camino por falsas promesas de alegrías y prosperidades que nunca llegan.

Sin duda, no basta que la Constitución mencione en uno de sus párrafos el derecho a la vivienda y la ciudad. En nuestro país sigue creciendo la desigualdad y la segregación social en la construcción de vivienda. Por pensar sólo en la materialidad (en cuanto a su construcción) y sólo de manera cuantitativa, no se aborda la situación cualitativa.

Se vive un momento destituyente que comienza a caracterizar un nuevo escenario político donde la principal demanda es por participación y derechos.

Participación en lo político, un espacio absolutamente desalojado para los sectores populares, marginados de la toma de decisiones. La necesidad de participación que plantea esta irrupción de sectores de trabajadores y populares en la escena política plantea un nuevo orden y una forma distinta de hacer las cosas. Situación que aún no logra la comprensión de los espacios políticos más tradicionales y los partidos políticos que tienen el apellido de transformadores y progresistas. Este proceso es absolutamente distinto al de fines de los años ochenta, por el contexto político, la realidad y características de las organizaciones y movimientos sociales e incluso el contexto mundial que impone la pandemia del Coronavirus.  Por lo tanto, la salida no puede ser la misma que operó en los ochenta y que consistió básicamente en desalojar a los trabajadores y populares de la acción política y circunscribirlos al ámbito “social” o “sindical”, en una suerte de gremialismo impulsado por el progresismo, que lo que logró fue una profunda desafección hacia la política de los sectores populares y trabajadores.

Desde esa perspectiva, es un momento crucial para avanzar en una nueva forma de relación y acción política que permita de manera efectiva hacer las transformaciones necesarias y, con ello, una nueva Constitución que garantice derechos y seguridad social. En este sentido, entonces, la principal batalla en este momento es la participación masiva y activa de la gente. No basta con lograr los niveles de participación que se han logrado en las elecciones anteriores, ahora es decisivo, para que sea un proceso representativo, la mayor cantidad de personas participando y asegurando, además, que las y los constituyentes sean reflejo de esas demandas que se han amalgamado en la rabia y frustración y se han levantado en las calles de nuestro país.

Es, sobre todo, una lucha por derechos arrebatados y negados durante décadas. Para nosotros, como organización, es importante que exista el derecho a la vivienda y la ciudad dentro de los derechos garantizados por el Estado. Hoy la vivienda no existe como derecho en la Constitución y las referencias que existen hablan de las posibilidades que tienen las policías para allanar viviendas. Por lo tanto, debemos asegurar que la refundación de la patria asegure estos derechos en su carta fundamental.

Sin duda, no basta que la Constitución mencione en uno de sus párrafos el derecho a la vivienda y la ciudad. En nuestro país sigue creciendo la desigualdad y la segregación social en la construcción de vivienda. Por pensar sólo en la materialidad (en cuanto a su construcción) y sólo de manera cuantitativa, no se aborda la situación cualitativa. Es decir, no se piensa en sus habitantes y comunidades, que son más que la materialidad. Debemos pensar con mayor profundidad para planificar el desarrollo del hábitat con las y los habitantes como parte del proceso dinámico al que debemos apuntar como sociedad, abarcando la vivienda, la comunidad, el barrio y la ciudad como un espacio democratizador de lo social y lo político.

En este sentido, es clave no reproducir la lógica dominante de construcción espacial mercantil, que sólo ha profundizado la segregación y marginación social a través de un constante desplazamiento a las periferias, poca accesibilidad a los servicios, escasa movilidad en la ciudad y que niega la participación ciudadana y el goce de la ciudad. Para tener redistribución de la riqueza material, social, cultural que se genera en las ciudades, pero que lamentablemente no tiene el disfrute para todas y todos por igual, para conquistar sociedades con mayor justicia y equidad, es vital pensar el hábitat que generamos de manera colectiva y el rol que juega el Estado en esto.

En el hábitat existen las relaciones, vínculos y desarrollo humano que subyacen a la materialidad y que no se deben invisibilizar. Por esta razón, para nosotras es vital la participación de las comunidades como una condición necesaria para las transformaciones en este proceso constituyente. Los sectores populares no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Desde nuestras realidades y visiones podemos aportar a ese nuevo Chile que se comienza a esbozar, en el que no se excluya a las y los populares, un país que no sea de los expertos que se apartan de la realidad concreta y el día a día que vivimos millones. Queremos que esta Constitución refleje la diversidad de nuestra geografía y sus habitantes.

Doris González Lemunao
Inicios de Noviembre, 2020

 

Propuesta: «Una Empresa Nacional de Construcción que democratice la ciudad y levante a Chile»

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Según el FMI, el PIB de Chile se contraerá en un 7,5% este 2020, cifra no vista desde la crisis de 1982 (11%) y 1983 (5%). El Banco Central ha informado que la de mayo es la peor desde que se tiene registro (1986) con una caída de 15,3%, mientras que el INE comunicó que el desempleo del trimestre marzo-mayo se elevó a 11,2% (940.000 personas).

Debemos agregar que son 394.527 trabajadoras y trabajadores que se “acogieron” a la Ley de Protección al Empleo y que están pronto a quedar sin ingresos. Si la proyección en la caída del PIB es correcta, la cantidad de cesantes debería superar los 2 millones de personas este año.

La alta concentración del ingreso ha dado origen a un régimen político oligárquico que no niega la democracia en lo formal, sino que la hace estéril en lo real. Esto ha engendrado un ejercicio arbitrario y abusivo del poder. La élite empresarial, política, eclesiástica, militar se acostumbró a ejercer el poder de manera abusiva y corrupta, afectando los intereses de la nación y la igualdad ante la ley.

El 18 de octubre de 2019 se rompió el Pacto Social. El ejercicio arbitrario y abusivo del poder encontró una respuesta de rechazo transversal en la sociedad. El intento por enfrentar la manifestación social con represión militar hizo que el estallido se transformara en un movimiento de protesta permanente y creciente.

La crisis sanitaria no es un paréntesis del “estallido social” ni menos su término, es un nuevo catalizador del proceso destituyente en curso. De esta forma, el problema de nuestra sociedad no es solo reactivar la economía que existía antes de la crisis, sino sobre todo redistribuir el poder económico y democratizar el poder político.

Actualmente existe aproximadamente un déficit habitacional de 1 millón de viviendas (entre unidades faltantes y aquellas definidas como no aptas), esto es, 4 millones de personas, aproximadamente, afectadas. Estas familias habitan de allegadas en viviendas de familiares, hacinadas o pagando arriendos abusivos por piezas pequeñas instaladas en conjuntos altamente hacinados o en campamentos que no ofrecen estándares adecuados de habitabilidad.

La crisis sanitaria del Covid-19 ha dejado en evidencia que las viviendas e infraestructura urbana construidas para una parte importante de la sociedad son incapaces de permitir el distanciamiento físico o la cuarentena efectiva. El descontrol de la pandemia, que ha costado la vida de más de 10 mil personas (junio), se debe en parte por esta realidad que afecta al conjunto de la sociedad. La concepción neoliberal de la vivienda como un bien de consumo que cada persona debe comprar en el mercado no ofrece respuesta a este problema social fundamental.

En este escenario, se hace urgente una política contra recesiva que incorpore el financiamiento público y privado para crear y sostener empresas nacionales, en áreas como las obras públicas, vivienda, alimentación y otras. Se deberá observar la experiencia chilena (CORVI, CORMU, Planes Habitacionales de los años 60) y los avances en estas materias fuera de nuestras fronteras buscando modelos económicos que pongan en su centro el interés nacional.

Los recursos para financiar este plan, deberán obtenerse de una reforma tributaria redistributiva, esto es, aumento de impuestos a los grandes capitales (de la construcción), al 1% más rico, para crear un fondo público desde el cual redistribuir.

Los cálculos de los propios empresarios ubican las cifras necesarias para reactivar, en un plazo de tres años, en 22.600 millones de dólares, divididos en US$ 10.290 millones de origen público y US$ 12.310 millones de procedencia privada. Esto permitiría construir 105.000 nuevas viviendas y crear 495.000 empleos (directos e indirectos) bajo el actual régimen.

Así se pueden comenzar a resolver enormes problemas que tenemos cómo país: en reactivar la economía, redistribuir el ingreso y democratizar el sistema político. El programa en su versión de Vivienda y Ciudad debe establecer estándares (altos) y plazos (breves) de edificación. El hacinamiento se ha transformado en un problema de salud pública que afecta al conjunto de la sociedad por lo que debe ser abordado con urgencia como un problema de interés nacional.  En este programa, la propiedad de las empresas podrá ser privadas, mixtas y públicas. Esto implica garantizar la iniciativa económica particular y estatal en el marco de un Plan Nacional de Reactivación.

La existencia de estas empresas públicas permitirá reacoplar el valor del suelo urbano y la vivienda que actualmente se encuentra desajustado (al alza) del resto de la economía (lo que genera el riesgo de otra crisis económica). De igual forma, el valor del trabajo se verá regulado (incrementado). De esta manera, se podrá mejorar los salarios y bajar el precio de la tierra urbana y las viviendas, esto es, enfrentar las causas fundamentales del actual déficit habitacional que afectan en particular aproximadamente a 4 millones de personas y en general al conjunto de la sociedad.

La crisis debe ser enfrentada en sus síntomas urgentes y causas estructurales, desplegando una política económica reactivadora, redistributiva y democratizadora. Una empresa nacional de construcción puede ser el primer paso.

Por Doris González
3 Julio 2020

Columna | Del estallido a la crisis del hambre: «Los movimientos hacemos frente a un Estado imposibilitado de funcionar para las mayorías»

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Columna
Del estallido a la crisis del hambre

Si existe algo en lo que podemos estar de acuerdo, es que este movimiento que se ha levantado desde el 18 de octubre del 2019, es algo único en la historia de nuestro país. Es único en su fondo y forma, el estallido social que se ha producido es –se ha dicho–  un fenómeno que nadie vio venir. Frente a estas dos premisas es que, intentare analizar y plantear preguntas sobre este periodo que, pandemia de por medio, nos mantiene convulsionados a todas y todos.

Este estallido social nace con una radicalidad que asombra y deja perplejos a muchos, incluso al mundo más político. Las frases: “cabros, esto no prendió” y “estamos en guerra” muestran lo destemplados y desconectados que están de la gente quienes lideran las instituciones. ¿Sin la radicalidad en la forma y fondo del movimiento de protesta habría sido posible que esta élite se abrirá a un cambio constitucional?

A pesar de dicha radicalidad, el movimiento de protestas tiene una constitución bastante inorgánica todavía, a diferencia del 2011 cuando fue el movimiento estudiantil quien congregó, ordenó y condujo.

Hoy su composición tiene a los sectores de trabajadores y populares en la calle asumiendo un rol protagónico, a aquellas y aquellos que han estado invisibilizados en los últimos tiempos y quienes fueron excluidos absolutamente del “pacto social” anterior, de fines de los años 80. Sectores sociales que sufrieron la exclusión política y despolitización bajo los gobiernos de la Concertación que dieron continuidad al modelo económico instalado por la dictadura.

En este momento donde el clamor es la participación, la forma en que el Estado neoliberal ha mantenido a la sociedad al margen de las decisiones políticas fundamentales ya no puede seguir, ya mostró su fracaso. Aquellas y aquellos a quienes más precarizó y excluyó, hoy salieron en masa a manifestarse exigiendo cambios.

Pero, debemos recordar que, la manifestación no es algo tan novedoso, durante los distintos gobiernos de la Concertación y la Derecha los distintos movimientos sociales estuvimos en la calle, por las mismas demandas que hoy la sociedad pone en la agenda pública. Llama la atención que hoy muchos señores de la elite política dicen compartir estas demandas y querer representarlas. Es ahí donde tenemos desconfianza y diferencia.

 

¿Es posible ser el problema y la solución?

¿Cómo en 30 años no se pudo más? ¿Cómo en 30 años los cambios necesarios en pensiones, salud, transporte, vivienda y ciudad no se pudieron implementar? Hoy cuando se observa que algunos sectores políticos se abren a realizar cambios, debemos abordar esta situación con la importancia y seriedad que merece, debe primar en esta discusión abierta el interés del pueblo.

Es en este escenario, de discusiones y posibles “acuerdos nacionales”, que los movimientos sociales nos mantenemos movilizados y en estado permanente de reflexión política, porque queremos ser parte de la solución y no del problema.

¿Cómo hacemos esto? Primero, desde el dialogo que debemos tener las diferentes organizaciones del mundo social, para empujar desde la calle y la institucionalidad al Ejecutivo a abordar la situación nacional de una manera adecuada para generar certezas económicas a nuestra gente que sufre agudamente la crisis. Por tanto, no podemos quedarnos al margen de las decisiones políticas que se toman, es necesario estar ahí en la disputa del qué y cómo se resuelve esta situación histórica, poniendo en el centro de las decisiones las demandas que levanta el pueblo. Es más necesario que nunca que los movimientos sociales estemos poniendo el cuerpo y la voz, en calle y en la mesa, con las propuestas de cara al cambio constitucional y político general.

La participación del proceso constituyente debe ser vinculante para ser genuino. Las voces que clamamos por cambios debemos hacernos escuchar, no debemos permitir que se siga replicando lo que tanto escozor nos ha causado como pueblo, que las decisiones se tomen en la cocina de alguien o unos pocos. Es momento de abrir la toma de decisiones a la gente, de ensanchar la democracia. El plebiscito de octubre es una buena oportunidad para esto, debe ser un ejercicio de participación y profundización democrática de cara a la gente y los cambios que el país necesita con urgencia.

¿Cuál es nuestra labor?

Los movimientos sociales tenemos una responsabilidad, una labor en este escenario y momento histórico, debemos abocarnos a seguir construyendo organización popular a partir de las necesidades más sentidas y urgentes de la gente, que se transforme en una red que permita dar sustento a un nuevo proyecto político que sea capaz de dar solución a los graves problemas sociales desatados por las crisis.

Existe una apertura, una posibilidad de cambiar la Constitución del dictador. Pero esta apertura debemos profundizarla y mejorarla sustantivamente, en especial en aquello que norma el cómo se elegirán las y los asambleístas y la forma en que votarán (sistema de quorum).

Es ahí uno de los principales problemas, el “acuerdo” no fue bien visto por las organizaciones sociales, aunque la mayoría habla de cambio constitucional y debiera ser a través de la asamblea constituyente, pero se necesita que tenga la participación y legitimidad necesaria. No podemos olvidar que una de las razones de este estallido social es la desconfianza en la institucionalidad y cómo se ignora al pueblo en la toma de decisiones fundamentales. La esperanza de justicia social, es lo que nos mantiene en la calle, pero todavía es necesario el avance de la agenda social corta, que dé respuesta con la gente, no será posible avanzar sin además el reconocimiento de las violaciones a los Derechos Humanos que se han realizado y aun el ejecutivo y en particular el presidente no da muestra de una condena efectiva, solo palabras en sus anuncios. Mientras esas sigan siendo las fórmulas en que la élite política busca frenar la movilización social, en los territorios seguimos organizándonos, para salir de la emergencia sanitaria, retomando la ofensiva para seguir avanzando en un poder constituyente que se levanta desde los barrios y poblaciones, que es el espacio que le ha dado sustento a las grandes movilizaciones que permitieron el levantamiento del pueblo contra las injusticias, robos y saqueos que se han cometido desde aquella élite que solo busca una mayor desafección de la gente con la política.

Necesitamos seguir articuladas y articulados, movilizadas y movilizados, para hacer frente a lo que aún no ha sido oído.

Por otra parte, la pandemia del Covid 19 se encentra descontrolada. Esta ha gatillado una crisis económica que ha hecho volver el hambre a amplios sectores populares.

¿Cómo enfrentar la crisis sanitaria?

La crisis sanitaria está generando el colapso del sistema de salud. Es un problema de orden sanitario, económico y social (hambre), que golpea a los más vulnerados en nuestro país. ¿Cómo le hacemos frente a esa situación con un gobierno que actúa de manera soberbia donde hay miles de personas en este país que hoy no tienen la capacidad de subsistir económicamente, en un escenario de movilidad reducida, de cuarentenas y toques de queda? ¿Cómo le hacemos con la pérdida de su fuente laboral y marginación de millones de personas del mundo laboral, con una ley creada de protección al empleo, que en los hechos es al empleador?

Ahora nos queda profundizar la capacidad de las organizaciones, en los territorios que hoy nos levantamos contra el hambre. Una crisis que no se detendrá con la entrega de algunos miles de cajas de mercadería. Ahora se debe apuntar a medidas que vayan en lo urgente y sirvan para la protección ante el Covid-19, pero también al virus de la pobreza y el hambre que puede agudizar aún más con la epidemia.

Urge que la institucionalidad escuche a las organizaciones y movimientos si tienen la voluntad real de superar este complejo escenario para todas y todos quienes habitamos este territorio, no se podrá superar las crisis con acuerdos de espaldas a la gente, por parte de la élite política que tan cuestionada está en nuestro país. Desde los territorios nos seguimos organizando y dando frente a una situación que un Estado imposibilitado de buscar alternativas para las mayorías, por una constitución instalada por la dictadura y un gobierno sin la voluntad para esto, razones suficientes para buscar maneras autogestivas que permitan palear la difícil y compleja situación que cada día se agudiza más y más.

Doris González

Junio 2020

(Columna publicada en Le Monde Diplomatique Edición Chilena, Junio 2020) 

Exposición en Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado sobre Proyecto de Integración Social y Urbana

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Exposición en Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado
respecto a Proyecto de Ley de Integración Social y UrbanaDoris González, Vocera Nacional Ukamau, Asistencia Comisión de Senado. Martes 9 de Junio.

Antecedentes generales

El proyecto de Ley de Integración Social y Urbana es una iniciativa que se recibe luego de varios años de políticas de viviendas segregadoras y excluyentes. Su diagnóstico viene a reconocer estos errores y a reafirmar la necesidad de establecer políticas que no solo se preocupen de ofertar viviendas, sino que también de considerar variables tales como la localización, el equipamiento, la infraestructura y los servicios de que debe ofrecer la ciudad. Sin embargo, este proyecto de Ley debe subsanar una serie de medidas que apuntan a mejorar sus mecanismos y formas de funcionamiento.

Construir ciudad no solo implica localizar una vivienda en sectores consolidados de los espacios urbanos de las metrópolis y ciudades chilenas, sino que también incluir e integrar a quienes son parte de estas políticas. Esto significa democratizar la ciudad a través de un nuevo enfoque que incluya a los diferentes mecanismos que se utilizan actualmente para planificar y ordenar las ciudades y el territorio del país. Esto implica modificar y mejorar las actuales normas e instrumentos de planificación urbana y de participación tales como los PLADECOS.

Una modificación de estas significa que el Estado se encargue de contar con un banco de suelos gestionado y administrado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Este banco de suelos se debe transformar en una herramienta e insumo importante para el acceso a la vivienda por parte de los miles de familias que se encuentran luchando por esta. Esto significaría ahorrar una cantidad de tiempo importante en los procesos de postulación los cuales tienen en promedio cerca de 15 años actualmente.

En este sentido, tenemos como antecedente a la Corporación de Mejoramiento Urbano -CORMU- que se crea en 1965 por medio de la Ley N° 16.391 y formalizada por medio de su Reglamento Orgánico que fue finalmente aprobado en 1966 por medio del D.S. N° 483 del MINVU. Sus funciones estaban dadas por  expropiar, comprar, urbanizar, remodelar, subdividir, transferir, vender y rematar inmuebles en áreas urbanas y rurales; gestión y reserva de terrenos para planes de vivienda, desarrollo urbano y equipamiento comunitario para agentes públicos y privados; asesorar y proponer al MINVU límites urbanos, comunales, modificaciones de los Planes Reguladores Comunales e Intercomunales, cambio de destino de bienes nacionales de uso público; asociarse con Municipalidad y agentes privados para el desarrollo de proyectos de mejoramiento urbano, además de otorgar créditos para ello y supervigilar su correcta ejecución. Sus funciones fueron derogadas en 1975 con la reestructuración del MINVU y la creación de los Servicios de Vivienda y Urbanismos.

El no contar con estos terrenos ha significado profundizar los mismos errores de las políticas de vivienda que se han venido dando desde la década de 1980. Por ejemplo, el Decretos Supremos 19/2016 que se ha dirigido a dar viviendas a sectores medios y también vulnerados, se ha convertido en una política de mixtura social, pero no de integración urbana efectiva. Entre el 2016 y el 2018 se construyeron 20.405 viviendas en la Región Metropolitana de Santiago asociadas al Decreto Supremo 19/2016 el que considera familias vulnerables de distinto tramo.

De este total, 5.083 viviendas fueron destinadas a sectores vulnerados, mientras que cerca de 15.326 fueron destinadas a sectores medios. Esto significa solo el 24% de estas viviendas fueron destinadas a instalar en sectores consolidados de la ciudad a familias vulneradas.

Al desglosar estos datos por comunas, es posible advertir que la comuna de Buin fue en donde se emplazaron la mayor cantidad de vivienda -740- con cerca del 14,6% del total de viviendas edificadas, seguida de Lampa con un 14,5%, San Bernardo con un 12,3%, Cerrillos con un 10,6% y Colina con un 9,4%. Esto significa que la mayoría de estas viviendas fueron construidas en los sectores periféricos y periurbanos de la Región Metropolitana de Santiago. Esta situación se complejiza al constatar que las viviendas construidas en Colina tuvieron en promedio 49,7 metros cuadrados construidos.

Este tipo de situaciones han ido en la dirección contraria de construir barrio y finalmente ciudad. En las áreas urbanas se han dado históricamente problemas de hacinamiento y allegamiento, que hoy se gravan aún más con la crisis sanitaria que nos encontramos viviendo. Para ello, a continuación, establecemos una serie de propuestas que van en la dirección de mejorar la Ley de Integración Social y Urbana; mejorar las glosas presupuestarias del año 2020 del MINVU establecida por medio de la Ley 21.192 y referidas a los procesos de adquisición de terrenos y asignación presupuestaria hacia el Fondo Solidario de Elección de Vivienda; para finalmente, proponer la creación de una Empresa Nacional de Construcción e Insumos para la vivienda y ciudad.

Propuestas eje Ley de Integración Social:

  • En términos normativos, esta ley debe propender a dotar al SERVIU de facultades para adquirir y conformar un banco de suelo que se encuentre asociado a las familias del 40% más vulnerable que se encuentre postulando a viviendas por medio del DS 49 o el DS 19/2016.
  • Modificar y/o agilizar los procesos asociados al artículo 50° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) relacionada a la modificación de los Planes Reguladores por parte de los Servicios Regionales o Metropolitanos de Vivienda y Urbanismo por intermedio del Ministerio de vivienda y Urbanismo. Este tipo de proceso puede tardar más de tres años en su tramitación.
  • Modificar o mejorar el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) relacionada a los límites urbanos y la construcción de viviendas sociales fuera de estos. Este artículo si bien favorece la construcción de este tipo de viviendas, se debe articular de mejor manera con las glosas presupuestaria 11 del MINVU que se refiere a la entrega por parte del SERVIU de hasta el 5% de los recursos de la asignación presupuestaria Fondo Solidario de Elección de Vivienda, para estudios preliminares y adquisición de terrenos en comunas en las que, conforme al sistema de información territorial de la demanda gestionado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, exista una demanda significativa de viviendas para familias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población. Esta norma debe dialogar con esta glosa para permitir la entrega de este tipo de recursos a comunas que se encuentren fuera del radio urbano del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y sobre todo de los límites urbanos de las comunas periurbanas de la Región Metropolitana de Santiago, tales como Peñaflor.
  • En la elaboración de los Planes Reguladores se debe incentivar la construcción de viviendas para las familias vulneradas y que se encuentren al interior de la comuna. Esto se debe realizar mediante la participación de dichas familias en la elaboración de estos planes.

Propuestas eje Glosas presupuestarias MINVU:

Las glosas dicen relación con los siguientes asuntos:

Glosa 11: Los SERVIU, con autorización del Ministro de Vivienda y Urbanismo, podrán destinar hasta el 5% de los recursos de la asignación presupuestaria Fondo Solidario de Elección de Vivienda, para estudios preliminares y adquisición de terrenos en comunas en las que, conforme al sistema de información territorial de la demanda gestionado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, exista una demanda significativa de viviendas para familias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante resolución establecerá los criterios de adquisición de los respectivos terrenos, la que requerirá visto bueno de la Dirección de Presupuestos. El SERVIU respectivo destinará los terrenos adquiridos al desarrollo de proyectos para atender a personas y/o grupos que cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el reglamento de este programa habitacional para la postulación y selección, sea en forma individual o colectiva. Mediante resolución del Ministro de Vivienda y Urbanismo, visada por la Dirección de Presupuestos, se definirán los aspectos operativos de la presente glosa.

  • Propuestas:
    • Incorporar en los procesos de postulación al DS 49 del Fondo Solidario de elección de Vivienda (FSEV) a las comunas que se encuentren en los sectores periurbanos de la ciudad y áreas metropolitanas, por cuanto en ellas existen importantes grupos sociales que viven en situación de allegados y hacinamiento. Por ejemplo, y en coherencia con lo señalado en los comentarios del Proyectos de Ley de Integración Social y Urbana, llama la atención que en la Resolución Exenta N° 536 del 23 de marzo del 2020 no se cite la glosa 11 que se aprueba en la Ley de presupuestos para este año, sino que solo la glosa 12. Esta resolución precisamente hace alusión a la adquisición de terrenos para grupos organizados de familias, por lo que debería existir el visto de la glosa 11.
    • En la Resolución Exenta N° 536 del 23 de marzo del 2020, punto 5 acerca de la postulación, 5.2. sobre la documentación a presentar, punto b, se citan los artículos 50 y 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción para evitar la modificación de los Planes Reguladores Comunales y la construcción viviendas fuera de límites urbanos, salvo viviendas sociales de un valor de hasta 1000 UF. Estos aspectos pueden retrasar enormemente el acceso a un terreno y con ello alargar los 15 años promedio que deben esperar las familias chilenas para acceder a la vivienda para sectores vulnerados. Esto en directa relación a los comentarios relacionados a la Ley de Integración Social y Urbana expuestos más arriba.
    • Se deben explicitar lo que acontece con los terrenos que existen tanto a nivel SERVIU como Ministerio de Bienes Nacional y Fuerzas Armadas, por cuanto en el entendido de que se asignarán recursos fiscales a la compra de terrenos estos deben ser transparentados.
    • Agilizar los procesos de cambio de usos de suelo en los Planes Reguladores Comunales para establecer procesos expeditos de adquisición de suelos bien ubicados en los sectores consolidados, periurbanos y periféricos que cuenten con los indicadores adecuados de equipamiento, infraestructura y áreas verdes. Esto implica mejorar los procedimientos administrativos y de gestión en el artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), el que siendo un artículo que posibilita este procedimiento, se ha convertido en un engorroso cauce administrativo. Esto debe ser prioritario cuando se aplique la glosa 11 a los terrenos que serán adquiridos por SERVIU para familias que se encuentren postulando a subsidios de vivienda para sectores vulnerados.
    • Poner atención a las comunas que se encuentran en sectores periurbanos -Provincia de Talagante, Chacabuco, Maipo y Melipilla- en donde se encuentran generándose procesos de hacinamiento y allegamiento considerables. Además, la construcción de infraestructura tales como el metro tren que unirá Melipilla con el centro de la ciudad, establecerá nuevos procesos de aumento de plusvalía y presión sobre suelos agrícolas para su cambio de uso de suelo. Con ello, los procesos urbanos y demográficos se verán modificados considerablemente. La Ley de Integración Social-Urbana debe considerar estas situaciones.

Glosa 12: Respecto de los proyectos que pueden ser financiados mediante la asignación presupuestaria Fondo Solidario de Elección de Vivienda y que se emplacen en sectores con adecuados indicadores y estándares de desarrollo urbano y de acceso a bienes públicos, conforme a los criterios que el MINVU establezca mediante resolución, el Ministro de Vivienda y Urbanismo tendrá la facultad para permitir la selección y asignación de subsidios por montos superiores a los establecidos en el decreto que reglamenta dicho programa habitacional, con el objeto de financiar la adquisición y/o habilitación de terrenos. Sin perjuicio de lo anterior, el porcentaje máximo a comprometer por esta vía en el programa habitacional vigente no podrá exceder del 20%.

  • Propuestas
    • Velar por que esta glosa no se convierta en un incentivo a ciertos proyectos para sectores medio por sobre los sectores vulnerados. Esto dice relación con favorecer proyectos de viviendas en donde se emplacen en su mayoría grupos medios -sobre todo en el DS19/2016- el cual ha mostrado ser un decreto que favorece la mixtura social, por sobre la integración. En este sentido, del total de viviendas construidas en el RMS entre el 2016 y el 2018 por medio del DS19/2016, el 25% de estas viviendas fueron para sectores vulnerados, mientras que restante 75% fue para sectores medios.
    • Especificar los criterios de asignación por parte del Ministro de Vivienda y Urbanismo en la asignación de estos fondos para los proyectos de viviendas del DS49, tanto individual como colectivamente.

Propuesta Empresa Nacional de Construcción e Insumos:

La crisis sanitaria ha develado las condiciones en las cuales las familias de viviendas con subsidios estatales han debido enfrentar esta actual situación. Las situaciones de hacinamiento y allegamiento existentes en la RMS, sobre todo en los sectores donde la crisis económica ha golpeado con mayor fuerza, es parte de la realidad de millones de chilenos. Esto se ha visto graficado en la actual conformación de ollas comunes en varias comunas, además de la creación de redes de apoyo entre diferentes organizaciones, para ir en ayuda de quienes han perdido su trabajo debido a las leyes desiguales que se han establecido en las últimas semanas.

Para ir en ayuda de estos sectores, además de generar procesos de reactivación económica y políticas contra recesivas, productos de la crisis económica y su profundización durante el segundo semestre del 2020, se propone la creación de una Empresa Nacional de Construcción e Insumos a través de las siguientes medidas:

  • Reforma tributaria redistributiva.
    • Esto implica la aplicación de Impuesto a grandes capitales (del área de la construcción) para crear un fondo centralizado que permita distribuir recursos en comunas y barrios más pobres, y para promover la acción del Estado en la construcción de ciudad.
    • Con dichos recursos levantar dos empresas. Una de materiales de construcción y otra de construcción de vivienda y ciudad.
  • Con el objetivo de aminorar la desocupación, creemos importante que en concordancia con la Empresa Nacional de Construcción se impulse una Empresa Nacional de Insumos y Materiales de Construcción. Esta iniciativa tendrá la finalidad de aminorar aún más el desempleo tras la crisis en curso, debe impulsar una pequeña industria que suministre a la Empresa Nacional de lo necesario para la construcción de viviendas en una primera instancia, en perspectiva de avanzar en la construcción a futuro de otras infraestructuras de mayor envergadura.
  • La Empresa Nacional de Insumos y Materiales de Construcción debe desarrollar productos innovadores, y de calidad capaz de responder a las exigencias de las distintas zonas geográficas de nuestro país. Aprovechando los recursos propios, y priorizando la construcción efectiva de ciudad, barrios y viviendas sociales para las familias pobladoras.
  • El programa en su plan estratégico (Empresa Nacional de Construcción) y en su implementación inmediata (Plan de Emergencia), deberá ser dirigido por los organismos que el MINVU dispone a nivel nacional. En la elaboración de los proyectos se deberá aplicar una nueva gobernanza en materia de ciudad constituida por: los habitantes de cada territorio, para que tengan así participación en el diseño de los proyectos; deberá ser ejecutado por entidades de gestión compuestas por representantes del Estado, las empresas (privadas, mixtas, públicas), proveedores de insumos de construcción, los municipios y organización de los asignatarios (organización de pobladores). Así se institucionalizará la participación ciudadana en esferas relevantes de la vida social, fortaleciéndose la democracia.
  • Esto reducirá la cesantía, el déficit habitacional, el valor del suelo y viviendas.

Martes 9 de Junio 2020

La acción política se volvió irrenunciable, como la única forma de cambiar el actual orden de cosas

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La acción política se volvió irrenunciable, como la única forma de cambiar el actual orden de cosas

Revista Entorno, Segundo semestre 2016. 

Fue en la lucha por una vivienda digna donde nos enfrentamos a la verdadera cara del Estado, pues en Chile, en vez de asegurarse el derecho a la vivienda, se lo tranza como un bien de consumo, esto lleva a que se privilegien las ganancias de inmobiliarias y constructoras que el bienestar de la gente.

 

La destrucción del tejido social iniciada en dictadura a punta de fusil y perpetuada por la Concertación mediante la represión sistemática y la criminalización de la protesta, caló fuerte en nuestro país, sobre todo en los sectores populares. Pero ni la tortura ni el miedo ni la promesa de la alegría pudo evitar la organización social, las movilizaciones masivas abiertas por los estudiantes el 2006 y el 2011 vinieron a dinamizar la sociedad, a repolitizarla, a enseñarnos que no hay que temer cuando se quiere construir un país más justo y fraterno.

La realidad que me toca vivir, me ha mostrado que los sectores populares son los más desafectados de la política, pero mediante el trabajo que hemos hecho durante estos años en Estación Central, nos hemos demostrado (y demostrado hasta a nuestros vecinos más incrédulos) que existen otras formas de relacionarnos, de construir comunidad, que sí se pueden hacer cambios y que de nosotros depende hacerlos.

En el Movimiento de Pobladores Ukamau, partimos con una demanda básica y muy particular: la vivienda, esa era la carencia que nos violentaba, no nos resignábamos a que la solución fuera irnos lejos de donde nacimos, lejos de nuestras raíces, lejos de nuestros familiares y amigos. Fue en la lucha por una vivienda digna donde nos enfrentamos a la verdadera cara del Estado, pues en Chile, en vez de asegurarse el derecho a la vivienda, se lo transa como un bien de consumo, esto lleva a que se privilegien las ganancias de inmobiliarias y constructoras que el bienestar de la gente. Cuando uno exige que el Estado colabore con la obtención de una casa, este no satisface directamente la petición, existen empresas que se ponen entre los vecinos y el Estado para gestionar el proyecto y realizarlo concretamente, eso significa que mucho de lo que ponemos nosotros para conseguir la vivienda y lo que pone el Estado, va a parar directamente a los bolsillos de esas empresas. Nosotros logramos relacionarnos directamente con el Estado y sacar a la empresa privada del medio. Así, toda la plata que podamos poner nosotros y la aportada por el fisco, irá íntegramente a mejorar el proyecto.

Nuestra lucha, grande para nosotros pero pequeña para otros, nos llevó a cuestionar la forma de vida que llevábamos y comenzar a pensar en los medios para conseguir aquello que realmente buscábamos, que no es menos que el buen vivir. Entonces la acción política se volvió irrenunciable, ya que se nos presentaba como la única forma de cambiar radicalmente el actual orden de cosas y acabar con las tremendas injusticias que hoy asolan a nuestro país y a nuestra América.

En los camino que hemos recorrido, hemos estrechado lazos con un sector muy amplio de chilenos y chilenas que se movilizan por un país de justicia y que trabajan incansablemente tejiendo redes entre vecinos, académicos y estudiantes. Todos los sectores movilizados, principalmente los estudiantes, trabajadores y comunidades en disputas socioambientales, deben disputar además, los espacios institucionales que hoy están capturados por la élite. Nadie representará nuestros intereses, somos nosotros los que tenemos que asumir el desafío político de poner nuestros problemas sobre la mesa y pelear por aquello que es justo.

Pero los cambios no vendrán solos, y tener algunos puestos en alcaldías o en el congreso no asegura nada. Es necesario erigir una organización independiente de los responsables de la injusticia chilena, que reúna a todas y todos los que creemos que la construcción de un nuevo Chile es posible. La gente está cansada de la colusión y de la corrupción, pero no vendrá nadie en nuestro auxilio, somos nosotros mismos quienes tenemos que hacer los cambios. El rol de los que nos movilizamos es profundizar la organización, aumentar el alcance de su voz y convencer a más personas. Permitámonos soñar, permitámonos construir nuestros sueños. Queda mucho por hacer compañeros ¡hagámoslo!

 

La mujer en el movimiento Pobladores Ukamau

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La mujer históricamente ha sido parte importante de los procesos de construcción de las organizaciones territoriales y el movimiento de pobladores. Han sido un pilar fundamental, en las tomas de terrenos y en los espacios organizativos, siendo clave en la denuncia y movilización contra la dictadura militar en Chile, por ejemplo. También las mujeres se constituyeron cómo constructoras del tejido social, siendo gestoras de su propio cambio al interior de la organización.

La mujer ha jugado un rol fundamental en la lucha territorial por la vivienda, siendo su prima donna, desde principios de los años 50. Participando de la autoconstrucción de las poblaciones y la conquista de un lugar digno para vivir, cómo defensoras de la democracia.

Nuestra historia no es distinta, como Movimiento pobladores Ukamau. La nuestra es una organización que nace en el año 2011, surge principal y transversalmente de la reivindicación del derecho a la vivienda como problemática urgente a resolver en los barrios y poblaciones donde trabajamos y vivimos cotidianamente. En los cuales tenemos que convivir con un sinfín de problemáticas existentes en nuestros territorios no resueltas por las políticas públicas. Es esta reflexión la que nos lleva a ampliar nuestra lucha más allá de un techo para vivir y que se transforma en la lucha por el derecho a la ciudad. La ciudad como un espacio de encuentro y convivencia de todas y todos. Ciudad que hiperconcentra servicios, instalaciones y espacios en un sector y posterga, marginando a la mayoría de sus habitantes de los beneficios propios de vivir en ella. Es decir, una ciudad no democrática.

Las organizaciones de pobladores están compuestas mayoritariamente por mujeres, pero, paradójicamente, siempre son varones quienes han tenido la conducción y vocería de estas agrupaciones. En ese sentido, Ukamau es una excepción, declarando en sus principios que debido a la deuda histórica que tiene el país con las mujeres, somos nosotras quienes tenemos el rol protagónico en la organización. Ese es el motivo por el cual la dirección de la organización está conducida por mujeres, voceras, dirigentas, quienes encabezamos procesos de articulación de miles familias que ponen sus sueños y esperanzas en el trabajo colectivo que debemos compartir al interior de Ukamau como eje fundamental de nuestro movimiento.

Además, nos hicimos cargo, haciendo carne y realidad el proyecto Maestranza Ukamau, que se enmarca en la política de vivienda en Chile, a través de postulación del decreto supremo 49 “fondo Solidario de Elección de Vivienda”, con características que hace más de 40 años no tenían las organizaciones de pobladores en la construcción de vivienda, debido al nivel de participación que logramos desarrollar en el proyecto, en el barrio. Que una organización social liderada por mujeres decida dónde se emplaza, su diseño, haga la gestión técnica, social y política, y participe en su ejecución y construcción es un hito inédito, que permite que los pobladores se queden en su comuna de origen, Estación Central.

Un diseño de vivienda que, vale decirlo, se transforma en emblemático para la política habitacional chilena, recibiendo premios internacionales y nacionales. Las mujeres y el movimiento pobladores nos transformamos en un referente político, protagonistas que hemos ido construyendo una organización con sensibilidades y aspectos que generalmente no son parte de los movimientos, debido a las características políticas que tienen, con la cotidiana masculinización de los liderazgos como ejemplo concreto.

Siendo mujeres en un contexto muy machista y patriarcal, nos sentimos plenamente orgullosas de los procesos que hemos vividos, de nuestro aporte al desarrollo de la ciudad y también a los grandes ejes que han marcado nuestro trabajo; la solidaridad, la tolerancia, el respeto y el permitirnos soñar junto a los varones de nuestra organización que han renunciado a ciertos privilegios para acompañarnos en esta gran tarea que es, humanizarnos y lograr la dignidad que todas y todos merecemos.

Doris González
Agosto, 2019.

Columna publicada en Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.